viernes, 29 de diciembre de 2017

Universidad pública y universidad privada en España

Universidad pública y universidad privada en España.
Un análisis de algunas diferencias entre ambas redes

A mediados de 2017, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y la Fundación BBVA publicaron el informe titulado U-Ranking. Indicadores sintéticos de las universidades españolas en el que se comparaban la universidad pública y  la universidad privada. El estudio se centró en estos tres ámbitos:
- Docencia
- Investigación
- Innovación y Desarrollo Tecnológico

            En estos dos últimos aspectos, la ventaja de la universidad pública sobre la privada es abrumadora. Esto es lo que dice el informe (p. 68):

La especialización docente de las universidades privadas tiene su contrapartida en una peor posición relativa de las mismas respecto al sistema público en rendimiento investigador: en promedio es un 29% inferior a la media del sistema universitario y ninguna de las 10 universidades con mejor rendimiento en este campo son privadas.  Las universidades públicas presentan mayores niveles de rendimiento en las actividades de investigación y también en las de innovación y desarrollo tecnológico que las privadas. La distancia media de estas al promedio nacional es de 27 puntos porcentuales menos.

            Se trata de promedios que tienen en cuenta las dimensiones –en número de grupos de investigación y de profesores doctores- de ambas redes universitarias. De acuerdo con el informe La Universidad española en cifras, las universidades privadas producen el 4,5% de los artículos científicos, mientras las públicas se hacen cargo del restante 95,5%.Téngase en cuenta que este informe señala que en la pública hay 8.006 grupos de investigación y en la privada solo 341. La pregunta que habría que hacerse es por qué la privada no tiene más grupos de investigación y/o más profesores que practiquen la investigación. Al fin y al cabo más del 10% de los universitarios estudian en esta red. Estamos en un contexto de creciente producción científica. En los últimos tiempos, España ha incrementado notoriamente su producción científica. Así, entre 2004 y 2013, el número de publicaciones de sus universidades se ha duplicado, pasando –según se puede ver en el Observatorio IUNE, el cual se remite a Web of Science- de 24.149 a 49.325, pese a que –como es bien sabido- el número de profesores no ha crecido, ni de lejos, en la misma proporción.           Muy posiblemente, la creciente necesidad de acreditarse ante las agencias de evaluación –sean la ANECA o las agencias de las comunidades autónomas- está detrás de esta eclosión de publicaciones.

En el caso de las universidades privadas, la normativa les exige que la mitad de su profesorado sea doctor y que, de entre este, el 60% esté acreditado. Para acreditarse como profesor de universidad privada hay que cumplir con los mismos requisitos que para ser profesor contratado doctor en la pública. A pesar de ello, las universidades privadas parecen no considerar la investigación como una prioridad para su profesorado. En su blog, Rafael Repiso apunta lo siguiente:

Anteriormente existían [en la privada] unas categorías análogas a las de la universidad pública (catedrático, titular, ayudante…), generando un sistema de méritos connatural a la universidad, donde para progresar los profesores deberían destacar en méritos docentes e investigadores y ser acreditados por una agencia externa y pública, ANECA. El nuevo sistema elimina la carrera académica. Es deciren este disparatado convenio, la docencia y la investigación apenas tienen peso para las figuras más destacadas, lo importante es la gestión. Un profesor mediocre recién doctorado puede tener la máxima categoría siempre y cuando ejecute labores de gestión en títulos y, en cambio, un profesor catedrático de universidad pública que pase a la universidad privada no podría pasar de la categoría III a no ser que asuma tareas de gestión. O, dicho de otra manera, cualquiera puede ocupar cualquier nivel salarial discrecionalmente si la dirección se lo permite.

            Estas son las categorías y el tipo de dedicación que se establecen en el citado convenio.

– Nivel I: Doctor responsable de Planes de Estudio de diversos Grados y Master universitarios de un mismo centro o facultad.
– Nivel II: Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación y responsable de una titulación académica.
– Nivel III: Doctor acreditado dedicado a docencia y/o investigación.
– Nivel IV: Doctor no acreditado.
– Nivel V: Titulado universitario no Doctor.
– Nivel VI: Titulado no Doctor con menos de dos años de experiencia docente

            Habría que destacar que en los niveles II y III la referencia a la investigación viene precedida de la conjunción disyuntiva "o", lo que convertiría en opcional la labor investigadora. En el nivel I ni siquiera se cita tal actividad.

            La cuestión que más me interesa del debate sobre universidad pública o privada es el de la posible mejor calidad de la docencia que el informe de U-Ranking atribuye a la privada (de hecho, mis dos únicas publicaciones sobre enseñanza universitaria se refieren a esta cuestión). Por mi parte, nada me alegraría más que esto fuera realmente así y que en la pública pudiéramos mejorar nuestra calidad docente emulando a la privada. Esto es lo que dice el informe sobre las privadas (p. 64):

(…) su rendimiento docente medio supera en un 11% el promedio español y 6 de las 10 universidades con mayor rendimiento docente son privadas. Para evaluar en su justa medida este resultado es importante tener en cuenta que las universidades privadas incorporadas tienen mejores indicadores que la mayoría de las no incluidas por sus carencias informativas, a la vista de los valores de las variables de estas últimas que sí están disponibles. Así pues, este resultado por encima de la media de las privadas incorporadas podría quedar matizado el día en que URanking pueda incluir a todas las universidades de esta titularidad.

            Como se ve, el informe es muy cauto a la hora de interpretar este resultado, el cual podría tener mucho que ver con cómo se publicita en este aspecto la privada en su afán de diferenciarse de la pública. Es una lástima que no se pueda decir gran cosa con respecto a la calidad docente. El propio informe reconoce que “la calidad de la docencia es por el momento muy difícil de observar, pero hemos considerado como proxies de la misma la capacidad de atracción de alumnos de otras provincias, la calidad de los alumnos medida por la nota de corte específica de cada área y el porcentaje de estudiantes de posgrado”.

            Aun dando por buenos tales proxies (en román paladino, elementos sustitutivos), se me ocurren, como mínimo, un par de indicadores que pondrían en duda esta supuesta hegemonía docente de la privada. El primero es que las empresas españolas prefieren a los egresados de la pública, tal y como se revela en un informe de 2015 de la Fundación Everis, y no solo, como cabría esperar, en aquellas titulaciones que apenas existen en la privada –Artes y Humanidades- sino también en aquellas que la privada podría considerar su punto fuerte: los estudios de tecnología. No obstante, en su último informe –el de 2017- se indica que en Ciencias de la Salud las dos primeras posiciones son ocupadas por centros privados.

El segundo indicador se refiere al hecho de que el profesorado que investiga –con mayor presencia en la pública que en la privada- es mejor docente que el que no lo hace. En un artículo publicado en la revista Applied Economics por García-Gallego et al.[1] se apunta, a partir de una muestra de más de 600 docentes, que los profesores que investigan tienen mejor criterio y son más rigurosos a la hora de dar clases aunque, si investigan demasiado, la calidad docente disminuye. Pese a este dato, pudiera ocurrir que el hecho de que el profesorado sea valorado por sus publicaciones –para obtener los sexenios- se traduzca en un menor interés por la docencia.

Y, para acabar, nos quedaría un aspecto clave: la empleabilidad. Aquí tampoco los datos son como para que la privada lance cohetes. De acuerdo con el estudio sobre la inserción laboral de los Consejos Sociales de las Universidades, si se analizan las tasas de empleo atendiendo al tipo de universidad en la que se gradúa el estudiante, pública o privada, se observa que en el primer año de inserción laboral la tasa de afiliación de los egresados de las universidades privadas es diez puntos superior a la de los de las públicas (52,9 por ciento frente a 42,1 por ciento). Sin embargo, cuatro años después tales diferencias disminuyen, siendo de 69,4% para los titulados de las privada y de 63,7% para los de la pública.

En definitiva, y para concluir, muy posiblemente la razón fundamental de la existencia de la privada –más allá de alguna excepción, como la de la Universidad de Navarra- es escolarizar a los estudiantes cuya nota de acceso no les permite acceder a la pública y cuyo poder adquisitivo es lo suficientemente alto como para afrontar los gastos de la matrícula en la privada. Ojalá, con el paso del tiempo, pueda convertirse en una red que dinamice al conjunto de la universidad. Sin embargo, el hecho de que algunos de los centros privados estén en manos de grupos ideológicamente sectarios no invita al optimismo. No parece que en España se vayan a desarrollar universidades del tipo de la Ivy League.




[1] Garcia-Gallego, A; Georgantzis, N; Martin-Montaner, J y Perez-Amaral, T. “(How) Do research and administrative duties affect university professors’ teaching?” Applied Economics 47 (45), 2015. Se puede leer un resumen en https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-10588/2015_10_not3.pdf

viernes, 10 de noviembre de 2017

Llegó la hora del pacto educativo

Una vez finalizadas las casi cien comparecencias en la subcomisión de Educación y Deportes del Congreso de los Diputados, llega la hora de hacer un balance. Parecía inevitable, y así fue, que salieran a relucir en las diferentes intervenciones los disensos que se arrastran desde el inicio del periodo democrático actual y los que se han ido generando al hilo de las reformas y contrarreformas educativas. No parece que se hayan restañado las heridas derivadas de estos desacuerdos. Como ha podido comprobar cualquiera que haya seguido este debate, diferentes grupos (sindicatos, federaciones de padres, foros de opinión, expertos) disienten en cuestiones clave como si se debe o no financiar con fondos públicos la enseñanza privada, si la religión debe estar fuera o dentro de la escuela, si el alumnado debe ser separado a edades tempranas en función de su rendimiento o si es mejor que permanezcan juntos hasta el final de la educación obligatoria, si la participación de la comunidad educativa debe implicar o no capacidad decisoria, si debe haber pruebas externas al final de las diferentes etapas educativas que condicionen el futuro escolar de cada estudiante.

         Sin embargo, en los últimos tiempos, parecen haber aflorado importantes puntos de consenso que podrían traducirse en una renovación sustancial de nuestro sistema educativo. Se trata de cuestiones como reducir –e incluso hacer desaparecer- la repetición de curso, afrontar los problemas de convivencia en los centros, mejorar la formación del profesorado –tanto la inicial como la permanente- y, sobre todo, repensar el currículum escolar. Son cuestiones que, salvo alguna excepción, han contado con un amplísimo consenso entre los intervinientes que las han abordado.

         Las comparecencias pueden considerarse un buen reflejo de la pluralidad de puntos de vista que sobre la educación hay en este país. Entre otros, han intervenido, como era deseable y lógico, los grupos representados en el Consejo Escolar de Estado y, además, dos exministros, dos exsecretarios de Estado de Educación y una amplia variedad de expertos. Pese a ello, se ha echado en falta la presencia de profesores de base que han sido considerados grandes docentes (caso de, por ejemplo, César Bona), que arrasan en Internet (como podría ser David Calle) o que han publicado libros sobre los problemas de la enseñanza (por ejemplo, Fernando J. L López o Juan José Romera). Apenas han aparecido los enfoques tremendistas sobre el estado de nuestra educación (típico de profesores de Secundaria como Ricardo Moreno o Alberto Royo).

Se entiende que se haya dado voz a profesionales que han expresado su preocupación por asignaturas como las Matemáticas o la Educación Física. Sin embargo, se comprende menos que no se ha hecho lo propio con la deficiente enseñanza del inglés (y, no digamos, de los segundos idiomas extranjeros) o la escasa presencia de la educación artística o musical o la enseñanza del resto de las asignaturas.

         Ha faltado, entre otros, el abordaje de temáticas que han movilizado intensamente a las comunidades educativas de los colegios públicos como la de la jornada escolar. No se han analizado de modo específico cuestiones como las posibles modificaciones del calendario (en la línea propuesta en Cantabria) o la educación especial. Temas que han tenido gran resonancia mediática, como el de los deberes o los uniformes, no han aparecido tampoco en los debates.


lunes, 11 de septiembre de 2017

COMPARECENCIAS PARLAMENTARIAS SOBRE EL PACTO EDUCATIVO. UN INTENTO DE ANÁLISIS SISTEMATIZADO


            Desde finales de febrero y, previsiblemente, hasta después del verano de 2017, estará teniendo lugar la comparecencia de ponentes que informarán en la subcomisión de Educación y Deportes del Congreso de los Diputados sobre distintos aspectos del pacto educativo que los partidos políticos se han propuesto alcanzar. Este texto estructura las intervenciones[1] que han tenido lugar a partir de tres grandes ejes temáticos. El primero arranca de los consensos y disensos en torno a la educación en la época de las negociaciones en torno a la Constitución. El segundo aborda debates sobrevenidos poco después de la aprobación de la carta magna. El tercero, y más amplio, aborda temáticas que han surgido o cobrado actualidad en los últimos años.

Sin duda, se podría alegar una cierta arbitrariedad en la selección de las citas y, con total seguridad, otro investigador hubiera elegido otras. Cabe, claro está, que alguno -o algunos- de los comparecientes pudieran considerar que su planteamiento sobre los temas seleccionados ha sido injustamente omitido. También, obviamente, cabría objetar la propia estructuración del artículo en torno a los disensos y consensos (antiguos y recientes) y considerar que otra organización temática –por ejemplo, una que prestara más atención a temas emergentes, como el de la convivencia- hubiera sido más acertada. Asumiendo todos estos riesgos, el lector tiene ante sí una apuesta razonada –y quizás razonable- de ordenación de los debates parlamentarios.

            Son enormes, obvio es decirlo, las dificultades que tal pacto comporta. Ni siquiera parece haber acuerdo en algo tan básico como cuáles pudieran ser las finalidades de la educación. Así, para el PP –de acuerdo con la ponencia sobre este tema en su congreso nacional celebrado en febrero de 2017- lo fundamental en la educación es la preparación para el trabajo (“adecuar la formación a las disciplinas que demandan hoy las empresas punteras en permanente diálogo con la industria y las instituciones educativas”), al tiempo que introduce el objetivo de la movilidad social.

Por el contrario, el Documento de Bases para una nueva Ley Educativa del Foro de Sevilla (el cual cuenta con el apoyo de PSOE y Podemos-IU) prioriza la formación intelectual y  para la ciudadanía, el desarrollo y bienestar personal y colectivo.

Se puede leer el artículo en su integridad en https://www.researchgate.net/publication/319630326_COMPARECENCIAS_PARLAMENTARIAS_SOBRE_EL_PACTO_EDUCATIVO_UN_INTENTO_DE_ANALISIS_SISTEMATIZADO



[1] Aquí se recogen las intervenciones que han tenido lugar hasta el mes de junio de 2017. A continuación del nombre e identificación de cada compareciente se indica la fecha en la que ha tenido lugar su intervención. Los textos de las comparecencias están disponibles en http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/IndPub. A continuación del nombre y posición de cada compareciente, se indica la fecha de su intervención. Tal fecha es importante por al menos dos razones. La primera es que permite a quienes intervienen en último lugar haber tenido en cuenta las comparecencias anteriores. La segunda es que a medida que vamos avanzando en el tiempo, los intervinientes hablan sobre temas específicos (como por ejemplo alguna asignatura o la convivencia en los centros).

miércoles, 6 de septiembre de 2017

Enseñanza desconcertada

Enseñanza desconcertada

Con motivo de la llegada de la izquierda a los gobiernos de ciertas regiones, como puedan ser Aragón o la Comunidad Valenciana, se ha planteado la cuestión de hasta dónde puede llegar la subvención pública a los centros escolares privados. Hace unas pocas semanas, y como réplica a la política educativa de estos gobiernos,  el Grupo Parlamentario Popular presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa –calificada por algunos de cruzada: la exageración no conoce límites-  instando al gobierno de la nación a proteger los conciertos con la enseñanza privada.

Se trata de un tema peliagudo porque entra de lleno en la problemática de si se está  atendiendo o no a la demanda real de padres y madres al crear –o, en su caso, cerrar- centros públicos o concertados. Para buena parte de la izquierda, la mayoría de los centros concertados satisfacen la demanda de familias que, en realidad, no buscan tanto la calidad de la enseñanza como la de sus usuarios: ”gente bien” que puede permitirse el pago de unas cuotas periódicas de en torno a los cien euros mensuales que, de modo supuestamente voluntario, habrían de abonar a los centros. La existencia de estas cuotas –junto con un cierto tipo de ideario católico excluyente en algunos de estos colegios- se convierte en la clave de bóveda de la segregación social de la que se acusa a la enseñanza concertada. Por otra parte, conviene no perder de vista que mientras que la enseñanza pública existe a lo largo de toda la geografía nacional, la concertada –con alguna que otra excepción- florece en las regiones, provincias y barrios más ricos de España.

En mi opinión, quizás mucho antes de plantearse retirar conciertos habría que eliminar radicalmente las cuotas supuestamente voluntarias. De acuerdo con la totalidad de la enseñanza concertada –desde la más reaccionaria a la más progresista- la subvención que otorga la Administración no cubre, ni de lejos, los costes de la educación que suministra. De ser esto cierto, y mucho me temo que lo es, no quedaría más remedio que incrementar la cuantía de los conciertos (lo que obligaría a desprenderse de ciertos dogmatismos izquierdistas). De este modo, las cuotas dejarían de ser un obstáculo para la inclusión social. Aun así, algunos centros concertados hacen lo indecible para evitar al alumnado de menor estatus socioeconómico (que suele contar con becas de comedor) valiéndose, por ejemplo, de la engañifa de aducir que carecen de refectorio. Obviamente, tal carencia es suicida para cualquier centro. Lo que se hace es recurrir a la estratagema de tener el comedor fuera del recinto del colegio de modo que quien quiera comer ha de pagárselo de su bolsillo. Este tipo de picaresca sería fácil de combatir siempre y cuando hubiera voluntad política de hacerlo.

Sin embargo, habría que ir aún más lejos. Nuestra Constitución ampara el derecho de todo ciudadano a omitir cualquier dato relativo a su ideología o religión. Que haya centros católicos que inquieran a los padres sobre sus creencias y/o que exijan a todo su alumnado asistir a misa es una negación del estado de derecho (justamente de eso que algunos, despectivamente, llaman el “régimen del 78”).

Si el acceso a los centros concertados no estuviera condicionado ni por el nivel de renta ni por la ideología, tendríamos que ver qué hacer si, como parece previsible, los centros concertados siguieran contando con una mayor demanda que los centros públicos. Ciertos sectores izquierdistas animan a la gente a escolarizar acríticamente a sus retoños en la pública. Sin embargo, la pública no existe. Lo que hay son centros públicos, los cuales son –bien es sabido- de muy diferente calidad. El mensaje que desde la izquierda se debería lanzar a la gente es el de que conviene analizar –individual o colectivamente- cómo es el centro público que hay cerca de su hogar (o de su trabajo). Por desgracia, los centros escolares –tanto los públicos como los privados- son poco menos que cajas negras cuyo funcionamiento solo se puede empezar a conocer una vez que los hijos están escolarizados en ellos. Bastaría para comprobarlo con hacer una ronda por varios centros y preguntar por el proyecto educativo o por cómo hacen para entusiasmar a los chavales con el conocimiento escolar o cualquier otra “impertinencia” que se le ocurra al usuario de este servicio, no se olvide, público. Recientemente, El Periódico saludaba la creación de siete nuevos centros públicos en Barcelona y achacaba su éxito a la intensa innovación pedagógica que se está llevando a cabo en esta ciudad de la mano de experiencias como Xarxes por el Canvi.

A partir de aquí, existirían tantos centros públicos y concertados como la gente libremente decidiera. Como ya explicó Maravall, quien en los años ochenta fuera el ministro de Educación bajo cuyo mandato se crearon los conciertos, centros públicos y concertados forman parte –o, mejor dicho, deberían formar parte- de una doble red de oferta escolar capaz de satisfacer el derecho a una enseñanza gratuita.

Nada de esto es óbice para que aquellos centros concertados que lo desearan pudiesen pasar a la red pública –habría que ver cómo resolver el posible carácter funcionarial de los recién llegados a la escuela estatal-. Y quizás también podría darse el movimiento en sentido contrario: de lo estatal a lo privado –al estilo de algunas charter schools en los Estados Unidos muy queridas por quienes defendemos el cambio educativo radical-.

Sobre el papel, los centros concertados son más democráticos que los públicos (y este fue el principal motivo de la desmesurada oposición de la derecha a la LODE). Si bien es cierto que el director de centro de los primeros se elige de entre una terna propuesta por la entidad titular, los profesores son contratados y, no se olvide, despedidos por una comisión del Consejo Escolar. ¿Se imagina alguien esto en la pública? Simplemente la posibilidad de que el director –que hasta ahora era nombrado por el Consejo Escolar de Centro, eso sí en los cada vez menos frecuentes casos en que hubiera habido un candidato a tal puesto- pueda seleccionar a los interinos o a quienes estén en comisión de servicio ha puesto los pelos de punta a todos los sindicatos sin excepción y, visto lo visto en la Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados, a Podemos. Justamente este es uno de los graves problemas de la pública: la práctica imposibilidad de formar equipos docentes. En este aspecto, la actitud retardataria de los sindicatos es un obstáculo difícilmente superable.


En definitiva, si queremos que disminuya el número de centros concertados, mucho tendría que mejorar la enseñanza pública –estatal, más bien-. Las experiencias que tan magistralmente describe Martínez-Celorrio deberían ser el ejemplo a seguir. 


jueves, 27 de julio de 2017

La enseñanza concertada y el pacto educativo ¿Un escollo insalvable?

La enseñanza concertada y el pacto educativo
¿Un escollo insalvable?

Muy posiblemente, la cuestión que está provocando mayor grado de disenso en el debate parlamentario sobre el pacto educativo es la de la enseñanza privada concertada.[1] Tres han sido, hasta ahora, los aspectos fundamentales a ella referidos: los conciertos, el cobro de cuotas periódicas a las familias y la segregación escolar a que daría lugar.

En lo que se refiere a la cuestión de los conciertos, algunos comparecientes (a los que se añade algún diputado) han sido tajantes en la petición de la supresión de la subvención pública a los centros concertados, de manera que estos deberían optar o bien por ser estrictamente privados o, lo que parecía más deseable, o elegir su paulatina incorporación a la red pública.

Es ineludible detener la política de conciertos e ir reduciendo progresivamente su financiación pública hasta la superación de la actual doble red.
Benavent Martínez, Coordinador de acción sindical y política educativa de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Intersindical, STES-I, miembro del Consejo Escolar del Estado (7 de marzo).

Cualquier pacto educativo debe apostar por la eliminación de los conciertos educativos en todos los niveles, comenzando inmediatamente por los que segregan al alumnado por razón de género, para continuar con los de la enseñanza no obligatoria hasta su total eliminación en todas las etapas educativas.
Louzao Rodríguez, Secretario nacional de la Confederación Intersindical Galega, Cig-Ensino (14 de marzo)

 (…) en Cataluña las escuelas del Spec a través de una iniciativa que presentó precisamente al Partit dels Socialistes de Catalunya que voluntariamente lo solicitaron, se incorporaron a la red de escuelas públicas. Los más interesados (…) son el profesorado, porque mejora sus condiciones laborales.
Mena Arca, Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (6 de marzo).

Por el contrario, los defensores de la escuela concertada aducen que la existencia y extensión de esta depende, única y exclusivamente, de la voluntad y el derecho de las familias.

…el tamaño de la escuela concertada, de la privada y de la pública lo deciden los ciudadanos cuando llevan a su hijo cada mes de septiembre al colegio.
Aguiló Pastrana. Presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, miembro del Consejo Escolar del Estado (7 de marzo).

La programación general de la enseñanza ha de tener como objetivo que el derecho a la libre elección de centro pueda ser ejercido por las familias en plenitud.
Caballero García. Presidente nacional de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, CONCAPA, miembro del Consejo Escolar del Estado (14 de marzo).

Hay quien, incluso, pide más ayudas para optar por la privada.

(…) la desgravación fiscal de las enseñanzas obligatorias y el bono escolar para la etapa no obligatoria en la educación infantil
Nuñez Velázquez. Presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza, ACADE, miembro del Consejo Escolar del Estado (2 de marzo)

La cuestión de las cuotas periódicas que pagan las familias en la práctica totalidad de los centros concertados, ha sido una de las más polémicas. Para algunos de los comparecientes y varios diputados de la subcomisión, tales cuotas, amén de abusivas, son obligatorias, lo que conculcaría la legislación vigente.

Supongo que sabe que existe un estudio de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, del año 2012 que dice que el 91% de las escuelas concertadas obliga al pago de cuotas, es decir, esconden a las familias que el pago de cuotas es una cosa voluntaria, contraviniendo el principio de gratuidad de nuestra escuela pública.
Mena Arca. Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en su intervención al hilo de la comparecencia de Alvira Dupla, Secretario general de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza Titulares de Centros Católicos, FERE-CECA, miembro del Consejo Escolar del Estado  (6 de marzo).

Entretanto, y de manera inmediata, se debería obligar a los centros privados concertados a que cumplan con la gratuidad total. Asimismo, hay que suprimir los conciertos en aquellos centros que practiquen cualquier tipo de discriminación que conduzca a la selección del alumnado. Incluso un organismo económico como la OCDE, en su informe Equidad y calidad de la educación, plantea que proponer libertad de elección de la escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar mayores desigualdades en los sistemas educativos.
Rodríguez Martínez. Representante de Foro de Sevilla: «Por otra Política Educativa» (5 de abril).

Desde la escuela concertada se aduce que las cuotas son voluntarias y que existen porque los conciertos no cubren los costes reales de la enseñanza.

No hay cuotas obligatorias porque son ilegales; si las hay, se deben denunciar y, por tanto, en  ese momento la Administración educativa tiene que intervenir y, si verdaderamente se ha incumplido el concierto educativo, proponer la sanción  que le corresponda a ese centro. Sí que existen cuotas voluntarias, eso es innegable, no creo que a estas alturas nadie niegue que en los centros se les pide de forma voluntaria a las familias que colaboren con esa cuota voluntaria. ¿Nos gusta? No. ¿Cuándo se acabaría? Cuando la Administración ponga la financiación adecuada para que el coste del puesto escolar sea completamente gratuito.
Pueyo Val. Secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FSIE, miembro del consejo escolar del estado (6 de marzo).

         Sin embargo, el representante de la patronal privada puso en duda que tales cuotas fueran realmente voluntarias, a lo que añadió que una parte de la enseñanza concertada responde a un modelo meramente empresarial en pro del beneficio privado.

¿Y por qué hay modelo de negocio en la concertada? Pues por las facilidades que se están dando en algunos casos —aprovecho aquí para contestar también a una pregunta del señor Pérez—, cuando se cede suelo público, sobre todo en Madrid, a un precio que es aproximadamente quince veces inferior al IBI que cualquier centro privado está pagando y además se le permite cobrar y además se le pagan los profesores y además se le paga el módulo y además en ese suelo público puede hacer actividades extraescolares por las que sí puede cobrar y por las que genera un beneficio.
Ya me contarán, cuando conocemos entramados empresariales de colegios concertados, que se parecen a una entidad benéfico-docente muy poquito. Eso sí está ocurriendo. Pero está ocurriendo y lo conocemos todos.
Y, contestando a alguna de las otras preguntas, lo de las cuotas voluntarias, y estoy en este caso, y a lo mejor en alguno más, con el señor Mena, de voluntarias tienen lo justo.
Castellano Zapatero. Presidente de la Asociación de Centros Privados e Independientes, CICAE (7 de junio).

A la escuela concertada se la acusa de ser segregadora y de no matricular en la misma proporción que lo hace la pública al alumnado inmigrante.

Uno de los elementos principales que abundan en esa segregación es la existencia de una red privada con fondos públicos, la red concertada. Ha creado un modelo segregador, un modelo que necesita seleccionar el alumnado y que genera un mercado educativo que multiplica las desigualdades
Moreno García. Miembro de la Asamblea Marea Verde (21 de febrero).

Hay otro problema en la situación del modelo concertado y es que todos tenemos que entender que las familias para sus hijos quieren siempre lo mejor y probablemente piensen —seguro—, yo prefiero que mi hijo vaya a este colegio donde no hay ningún inmigrante y donde se pagan 150 euros al mes, y pagando 150 euros al mes consigo que no venga ninguno y lo prefiero.
Castellano Zapatero. Presidente de la Asociación de Centros Privados e Independientes, CICAE (7 de junio).

          Sin embargo, desde la escuela católica se aducen datos que mostrarían que tal cosa no es así. Pero, a continuación, se pueden ver los datos que se aportan desde el frente de los defensores de la escuela pública.

En la pública está el 82% de los inmigrantes, pero se olvida decir que la escuela concertada solo representa el 20% del total del sistema educativo español En los colegios católicos a los que represento y que son mayoritarios en el sector concertado, el 6,7% de sus alumnos son hijos de padres inmigrantes,  Mientras que en la escuela pública esta proporción es parecida, 7,1%,  no se suele destacar que el 44% de los alumnos con necesidades educativas especiales están atendidos en centros concertados.
Alvira Duplá. Secretario General de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-titulares de centros católicos, FERE-CECA (6 de marzo).

La red pública escolariza al 82,2 % del alumnado extranjero mientras la red concertada únicamente escolariza al 13,1 % y, en el caso de la red privada, este porcentaje se reduce al 4,7 % del total.
(…)
En cuanto al alumnado extranjero, me decía el portavoz del Partido Popular que Andalucía en la escuela pública escolariza el 84,7 %. Claro, es que la red pública en Andalucía representa el 82 %, así que en Andalucía la escuela pública escolariza el porcentaje de alumnado que le corresponde según su implantación en la red, poco más o menos. Sin embargo, la media del Estado es que la escuela pública, que tiene el 66% del total de alumnos escolarizados, escolariza a más del 82 % del alumnado extranjero.
García Suárez- Secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, miembro del Consejo Escolar de Estado (21 de marzo).

         Algunos intervinientes denunciaron tanto el crecimiento de las subvenciones a la privada como la penetración de la lógica privatizadora en la enseñanza pública.

Constatamos que el gasto en conciertos creció un 6,5 % entre 2008 y 2014, mientras las partidas correspondientes a la enseñanza pública se reducían un 15,2 %
(…)
La Lomce es una ley mercantilizadora que concibe el sistema educativo como la estantería del supermercado, donde los centros pueden definirse como quieran, artísticos, deportivos, tecnológicos, científicos, o lo que sea. Pero ese no es el concepto de autonomía que estaba vigente en nuestro sistema educativo, que es que el centro se adecue al perfil del alumnado para garantizar el éxito escolar de sus alumnos, sino que el centro define su perfil curricular y, en función de eso, selecciona a los alumnos; cosa que nada tiene que ver con la autonomía de los centros tal y como nosotros la entendíamos y tal y como se venía entendiendo.
García Suárez. Secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, miembro del Consejo Escolar de Estado (21 de marzo).

         Finalmente, conviene no perder de vista la existencia de las cooperativas de enseñanza, las cuales, de acuerdo con la intervención (5 de abril) de Sierra Sosa, presidente de la  Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE).

La UECOE, la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, se constituye como único ente representativo a nivel estatal de todas las comunidades autónomas, de todos los centros cooperativos y centros de economía social, con la forma jurídica, fundamentalmente, de sociedades cooperativas de enseñanza. Está constituida legalmente desde 1989; actualmente agrupa a algo más de seiscientas cooperativas de enseñanza y centros educativos de economía social. Entre socios cooperativistas y personal contratado somos aproximadamente unos 27.500 trabajadores, con una facturación aproximada de 737 millones de euros, agrupando unos 277.000 alumnos y 175.000 familias. Representamos a nivel estatal en torno al 12% de la enseñanza concertada, con un reparto muy heterogéneo por las distintas comunidades autónomas y en alguna siendo incluso la organización mayoritaria

         Sierra Sosa solicitó, a partir de la singularidad del hecho de ser cooperativas, un tratamiento jurídico diferente al del resto de los centros concertados.

(…) demandamos, en primer lugar, un estatuto jurídico diferenciado de los otros centros sostenidos con fondos públicos.
(…)
En este momento en esta Cámara hay en trámite un proyecto de ley de contratos públicos, trasposición de una directiva europea, la cual recoge un trato diferenciado a las cooperativas que presten una serie de servicios públicos, entre ellos el educativo. (…) …expresamos la necesidad de que desde los poderes públicos se articule una política educativa que desarrolle en la práctica los objetivos contenidos en ella; la preferencia real de las cooperativas de enseñanza para acogerse al régimen de conciertos en base a su singularidad; la participación y representación de las cooperativas de enseñanza a través de su organización representativa, la Uecoe, en todos los ámbitos de debate e interlocución social educativa organizados por la administración educativa.

Para concluir, parece claro que la propuesta que en la época de los años de discusión de la LODE (en 1984) hizo el entonces ministro de Educación, José María Maravall, de convertir en una única red de escolarización a todos los centros sostenidos con fondos públicos (fueran estos privados o estatales) ha quedado en agua de borrajas. So pretexto (muy seguramente fundamentado) de que los conciertos no cubren la totalidad de los costes de escolarización, los centros subvencionados (incluso los que son cooperativas) se ven en la tesitura de cobrar cuotas periódicas a las familias, lo que termina por convertirlos en centros privados low-cost que ahuyentan a las familias con menos recursos. Si a esto añadimos que la mayoría de los centros concertados tienen un ideario católico y que, a su vez, muchos de ellos trata de imponérselo a todo el alumnado, tenemos un conjunto de elementos que posibilitan que estos colegios practiquen –lo quieran o no- la segregación social. ¿Cómo se consiente esto? Aquí nos adentraríamos en la historia de un país cuya urdimbre institucional no asegura el cumplimiento de ciertos derechos elementales.



[1] Aquí se recogen las intervenciones que han tenido lugar hasta el mes de junio de 2017. Los textos de las comparecencias están disponibles en http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/IndPub. A continuación del nombre y posición de cada compareciente, se indica la fecha de su intervención. Tal fecha es importante por al menos dos razones. La primera es que permite a quienes intervienen en último lugar haber tenido en cuenta las comparecencias anteriores. La segunda es que a medida que vamos avanzando en el tiempo, los intervinientes hablan sobre temas específicos (como por ejemplo alguna asignatura o la convivencia en los centros). 

lunes, 19 de junio de 2017

¿Podrían ser las cooperativas la verdadera escuela pública?

¿Podrían ser las cooperativas la verdadera escuela pública?

            De entre las decenas de comparecencias que, con motivo del pacto educativo, están teniendo lugar en la subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados, dos han corrido a cargo de representantes de cooperativas de enseñanza. La primera fue la de Sierra Sosa (presidente de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza, UECOE) y la segunda la del Presidente del Grupo San Diego, De la Higuera Pérez.[1]

            De acuerdo con los datos aportados por Sierra Sosa, el 12% de la concertada está constituida por cooperativas. Este sector escolariza a 277000 alumnos y da empleo a 27500 trabajadores (el 68% de los cuales son cooperativistas). No es tanto la extensión del sector de cooperativas lo que me interesa destacar como su vocación genuina de servicio público, hasta el extremo de que me pregunto si no debiera ser este el modelo de escuela pública al que deberíamos aspirar quienes pretendemos una educación democrática, inclusiva e innovadora.

            Sierra Sosa citó el artículo 129.2 de la Constitución, el cual dice lo siguiente: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. Mi impresión es que esta propuesta progresista de nuestra Constitución ha quedado atrapada entre el estatalismo de buena parte de la izquierda y la cerril defensa de la supuesta eficiencia de la propiedad privada de los medios de producción por parte de la derecha.

            Ambos intervinientes deslizaron varias observaciones críticas con respecto al funcionamiento de la escuela pública –aunque creo que sería mejor llamarla estatal- que ponen de manifiesto serias carencias de esta red de escolarización. Sierra Sosa señaló la enorme dificultad que tienen los centros estatales para conformar una plantilla estable, base de un proyecto educativo digno de tal nombre.

No aspiré a ser funcionario porque uno de las grandes ventajas (…) es la estabilidad de la plantilla. Uno de los problemas de la escuela pública —y no vengo a hablar de la escuela pública— es la funcionarización del profesorado. Un colegio maravilloso que yo elijo para mi hijo de tres años, posiblemente antes de que termine la escolarización puede haber cambiado el 40 o el 50% de la plantilla por el derecho al concurso de traslado que tiene cualquier funcionario.

            Más incisivas, a este respecto, fueron las observaciones de De la Higuera, quien criticó el abandono por parte del profesorado de la red estatal de su labor educativa en el horario de comedor escolar.

En la actualidad tenemos 15000 alumnos y damos 10000 comidas diarias. No lo digo con un planteamiento prosaico, sino que digo simplemente que esas 10000 comidas están atendidas por profesionales de la educación que utilizan el ámbito del comedor como un pretexto más para educar, porque hablamos de problemas de la alimentación que van asociados a enfermedades que surgen con el paso de los años.
Educar en el ámbito del comedor es una tarea importante de la cual no hemos huido como docentes, lo cual confiere una mayor carga de trabajo pero también implica dejar el destino y la propia actividad en la cooperativa en manos de los socios.

            Pero aquí no acaba la cosa. De la Higuera entró en el controvertido tema de la jornada continua y el modo en que esta es, igualmente, un botón de muestra de cierta dejación de funciones por parte de la escuela estatal.
           
Nos estamos replegando desde el punto de vista educativo y establecemos la jornada continua, que acaba a las dos de la tarde, con el pretexto pedagógico, climatológico o de cualquier tipo, y está claro que no estamos respondiendo a las expectativas que nos está demandando esa sociedad, y lo digo con mucho respeto, pero también lo digo con vehemencia. Es importante que estemos ahí para solucionar los problemas.
            (…)
Cuando veo la participación de los padres en determinados centros -pongamos un 5 %- y la jornada lectiva se reduce, evitando espacios de socialización en el centro, como ocurre en muchas comunidades autónomas -Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia-, y se vende a esos padres, a ese 5%, que luego se hacen transmisores de esas «bondades», entre comillas, pedagógicas al resto de padres, que es una auténtica maravilla que el niño a las dos de la tarde esté en casa, acabo por no entender nada.

            Y, cómo no, estos centros comparten con el resto de la concertada el problema de la insuficiente financiación con fondos públicos de los conciertos educativos.

            No está claro qué puede llevar a tantas familias a optar por la concertada en general, y por las cooperativas en particular, pero lo que se señala desde estas últimas tiene que ser tomado en consideración. En tanto que defensores de la enseñanza pública deberíamos preguntarnos por qué lo habitual es que haya muchas más solicitudes de matriculación en los colegios concertados que en los centros estatales. A esto, precisamente, hacía referencia la profesora Elena Martín en esta misma subcomisión.

(…)…les diré que yo vivo en Tres Cantos —no sé si conocen la localidad—, donde durante mucho tiempo no hubo concertada, solo había privada, nueve colegios públicos y tres institutos públicos que barrían en la selectividad, en la PAU. Todos los años les felicitábamos desde la Autónoma. ¿Por qué? Porque Tres Cantos tiene nivel sociocultural de licenciado. Yo lo conozco bien. Se abrió el primer centro concertado, y ese día había 700 personas en lista de espera. Expliquémonos ese dato, porque eso es lo que hay que explicar. Lo que hay que explicar es la sensación de control que hay en un centro, la sensación de que aquí cuidan, porque desde luego el rendimiento no sale, no sale mejor en las pruebas de rendimiento.

            En una coyuntura como la actual, la defensa de la escuela pública no puede quedarse en la queja por los recortes y en la vuelta a la situación previa al “zapaterazo” de mayo de 2010. La discusión sobre el pacto educativo debería ser una ocasión de oro para transformar radicalmente la escuela en general y la escuela pública en particular.