La demanda social como criterio de
planificación escolar
Enorme ha sido la polémica que ha desatado la
nueva ley educativa por la omisión de la demanda social como criterio para
decidir si crear plazas escolares en la red pública o en la concertada.
Lo que sabemos a ciencia cierta es que la mayoría
de los centros concertados reciben más solicitudes de matriculación de las que
pueden atender. Lamentablemente, este no es el caso de una buena parte de los
centros públicos. Nuestro sistema, tal y como en su momento explicó José María
Maravall (quien fuera ministro de educación en los años ochenta, cuando se
aprobó la LODE), cuenta con una doble red de oferta pública constituida por
centros estatales y centros concertados.
En consecuencia, y al menos en teoría, los centros
concertados son tan públicos como los estatales: se rigen por similares normas
de matriculación, cuentan con un consejo escolar (que, entre otras cosas,
decide sobre la contratación y despido del profesorado), son gratuitos… Sin
embargo, en la práctica la cosa no es así, pues mayoritariamente no son
gratuitos. De acuerdo con un informe reciente, casi el noventa por ciento de ellos
cobran a las familias cuotas mensuales supuestamente voluntarias. Esto se
convierte en una enorme barrera para las familias con menos recursos. Cierto es que tales cuotas pueden ser
imprescindibles para el funcionamiento de los centros. La solución pasaría por
incrementar la cuantía de los conciertos, cuestión anatema para buena parte de
la izquierda. En todo caso, conviene aclarar que no siempre tales cuotas se
justifican porque sean imprescindibles para el normal funcionamiento de los
centros. Algunos colegios concertados introducen actividades intracurriculares
en pleno horario escolar por las que cobran. Este podría ser el caso de la
“piscina curricular”: el centro cuenta con una piscina climatizada y en ella se
realizan sesiones obligatorias de la asignatura de Educación Física por las que
todas las familias han de pagar la cuota correspondiente.
Quienes han salido a las calles estos días en
protesta por la ley Celaá consideran que no mencionar la demanda social coarta
la libertad de elección de centro. Tal libertad consiste básicamente en la
posibilidad de elegir entre centros públicos o privados. Los defensores de la
libertad de enseñanza consideran que la escuela pública es la escuela única, la
que impondría la ideología del gobierno de turno o, si se prefiere, del Estado.
Esto, obviamente, no es así. De hecho, en casi todos los países democráticos de
nuestro entorno la inmensa mayoría de los centros son públicos y esto no
menoscaba la democracia. En realidad, los centros concertados no ofrecen gran
diversidad. De hecho, el sesenta por ciento de ellos son colegios de ideario
católico (ideario que ofrece una cierta variabilidad: desde la exclusión del infiel
al ecumenismo). Y justamente aquí tenemos otro elemento que puede convertirse
en una barrera para la matriculación en estos centros si no se es católico. La
solución es bien clara: nadie puede ser ni inquirido ni marginado por sus
creencias. Esto significa que una familia tiene pleno derecho a que su hijo no
asista a la asignatura de Religión Católica en cualquier centro (y, si se diera
la circunstancia, abstenerse de rezar al comienzo de la jornada escolar o de
cada clase). Lo que no puede hacer –tal y como estableció en su momento el
Tribunal Constitucional- es atacar al ideario del centro.
En todo caso, no todos los españoles tienen la
posibilidad de elegir entre un centro público o uno concertado. La pública
existe incluso en los rincones más remotos del país y, por este motivo, puede
considerarse como eje vertebrador del sistema educativo. Sin embargo, este no
es el caso de la privada, la cual se concentra en las zonas más ricas de España.
Está más presente en comunidades como Madrid o Euskadi, pero es minoritaria en
Canarias o Extremadura; es más frecuente en las grandes ciudades que en las
poblaciones pequeñas. Por otro lado, encuesta tras encuesta, queda claro que el
primer criterio que siguen las familias a la hora de escolarizar a sus hijos es
la proximidad domiciliaria (más en el caso de familias de bajo nivel de renta
que en el de las más acomodadas). Las autoridades educativas hacen lo correcto
al delimitar zonas preferentes de escolarización: no tendría ningún sentido
caer en la irracionalidad de sobrecargar el tráfico con autobuses escolares
subvencionados que satisficieran el deseo de escolarizar a los hijos en el otro
extremo de la ciudad.
Como se decía más arriba, el hecho cierto es que
los centros concertados tienen más demanda que los públicos. Dado que es así,
¿por qué negar a las familias la posibilidad de satisfacer su deseo? Si tenemos
una doble red de escolarización pública, ¿por qué privilegiar a una en
detrimento de la otra? Esto nos llevaría a la cuestión de por qué no se
prefiere con mucha mayor intensidad la escuela pública. Y aquí es donde creo
que la izquierda falla estrepitosamente. Si se quiere que la pública sea
atractiva, mucho tiene que cambiar esta red. Para empezar, y sin ánimo de ser
exhaustivo, raro es el centro público que cuenta con un proyecto educativo
estable: su existencia depende de la voluntad de sus profesores (y, en ocasiones,
de su mera estabilidad en el centro). Una libertad de cátedra mal entendida,
unida a los desafueros que permite la condición funcionarial, impide que los
centros públicos tengan una unidad de propósito. El tránsito de la primaria a
la secundaria –que en la enseñanza pública implica cambiar de centro- es en
muchas ocasiones un verdadero calvario. Recuerdo que en una investigación sobre
jornadas de puertas abiertas, un instituto de secundaria de un barrio popular
de Madrid se quejaba del bajo nivel de matemáticas con que llegaban sus alumnos
desde la primaria. Esto posiblemente no sea un problema en los centros
concertados, dado que mayoritariamente imparten ambos niveles educativos. Es
decir, en la pública no solo falla la coordinación intracentro sino que lo
mismo sucede con la intercentros.
Negar o limitar con criterios harto discutibles a
casi un cuarto de la población con hijos en edad escolar la posibilidad de
matricular a sus retoños en un centro concertado implica situar el debate
escolar en el lugar que conviene a las tres derechas y en el que tiene todas
las de ganar. Para mí la solución es muy clara: finánciese adecuadamente a la
red concertada; téngase en cuenta la demanda de la gente y, sobre todo,
promuévase una entusiasta y profunda renovación de la escuela pública. Lo
importante es evitar la aparición de centros burbuja y de centros gueto.
