La enseñanza concertada y el pacto educativo
¿Un escollo insalvable?
Muy posiblemente, la cuestión que está provocando
mayor grado de disenso en el debate parlamentario sobre el pacto educativo es
la de la enseñanza privada concertada.[1] Tres han sido, hasta ahora, los
aspectos fundamentales a ella referidos: los conciertos, el cobro de cuotas
periódicas a las familias y la segregación escolar a que daría lugar.
En
lo que se refiere a la cuestión de los conciertos, algunos comparecientes (a
los que se añade algún diputado) han sido tajantes en la petición de la
supresión de la subvención pública a los centros concertados, de manera que
estos deberían optar o bien por ser estrictamente privados o, lo que parecía
más deseable, o elegir su paulatina incorporación a la red pública.
Es ineludible detener
la política de conciertos e ir reduciendo progresivamente su financiación
pública hasta la superación de la actual doble red.
Benavent Martínez,
Coordinador de acción sindical y política educativa de la Confederación de
Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Intersindical,
STES-I, miembro del Consejo Escolar del Estado (7 de marzo).
Cualquier pacto
educativo debe apostar por la eliminación de los conciertos educativos en todos
los niveles, comenzando inmediatamente por los que segregan al alumnado por
razón de género, para continuar con los de la enseñanza no obligatoria hasta su
total eliminación en todas las etapas educativas.
Louzao Rodríguez, Secretario nacional de la Confederación Intersindical Galega,
Cig-Ensino (14 de marzo)
(…) en Cataluña las escuelas del Spec a través
de una iniciativa que presentó precisamente al Partit dels Socialistes de
Catalunya que voluntariamente lo solicitaron, se incorporaron a la red de
escuelas públicas. Los más interesados (…) son el profesorado, porque mejora
sus condiciones laborales.
Mena Arca, Diputado
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea (6 de marzo).
Por el contrario, los defensores de la
escuela concertada aducen que la existencia y extensión de esta depende, única
y exclusivamente, de la voluntad y el derecho de las familias.
…el tamaño de la
escuela concertada, de la privada y de la pública lo deciden los ciudadanos
cuando llevan a su hijo cada mes de septiembre al colegio.
Aguiló Pastrana. Presidente
de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CECE, miembro del Consejo
Escolar del Estado (7 de marzo).
La programación
general de la enseñanza ha de tener como objetivo que el derecho a la libre
elección de centro pueda ser ejercido por las familias en plenitud.
Caballero García. Presidente
nacional de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos,
CONCAPA, miembro del Consejo Escolar del Estado (14 de marzo).
Hay quien, incluso, pide más ayudas para
optar por la privada.
(…) la desgravación
fiscal de las enseñanzas obligatorias y el bono escolar para la etapa no
obligatoria en la educación infantil
Nuñez Velázquez. Presidente
de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza, ACADE, miembro del Consejo
Escolar del Estado (2 de marzo)
La cuestión de las cuotas periódicas que
pagan las familias en la práctica totalidad de los centros concertados, ha sido
una de las más polémicas. Para algunos de los comparecientes y varios diputados
de la subcomisión, tales cuotas, amén de abusivas, son obligatorias, lo que
conculcaría la legislación vigente.
Supongo que sabe que
existe un estudio de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, del
año 2012 que dice que el 91% de las escuelas concertadas obliga al pago de
cuotas, es decir, esconden a las familias que el pago de cuotas es una cosa
voluntaria, contraviniendo el principio de gratuidad de nuestra escuela pública.
Mena Arca. Diputado
del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea en su intervención al hilo de la comparecencia
de Alvira Dupla, Secretario general de la Federación Española de
Religiosos de Enseñanza Titulares de Centros Católicos, FERE-CECA, miembro del
Consejo Escolar del Estado (6 de marzo).
Entretanto, y de
manera inmediata, se debería obligar a los centros privados concertados a que
cumplan con la gratuidad total. Asimismo, hay que suprimir los conciertos en
aquellos centros que practiquen cualquier tipo de discriminación que conduzca a
la selección del alumnado. Incluso un organismo económico como la OCDE, en su
informe Equidad y calidad de la educación, plantea que proponer libertad de
elección de la escuela a los padres puede dar por resultado la segregación de
estudiantes según sus capacidades y antecedentes socioeconómicos y generar
mayores desigualdades en los sistemas educativos.
Rodríguez Martínez. Representante de Foro de Sevilla: «Por otra Política Educativa» (5 de
abril).
Desde la escuela concertada se aduce que las
cuotas son voluntarias y que existen porque los conciertos no cubren los costes
reales de la enseñanza.
No hay cuotas obligatorias porque son
ilegales; si las hay, se deben denunciar y, por tanto, en ese momento la Administración educativa tiene
que intervenir y, si verdaderamente se ha incumplido el concierto educativo,
proponer la sanción que le corresponda a
ese centro. Sí que existen cuotas voluntarias, eso es innegable, no creo que a
estas alturas nadie niegue que en los centros se les pide de forma voluntaria a
las familias que colaboren con esa cuota voluntaria. ¿Nos gusta? No. ¿Cuándo se
acabaría? Cuando la Administración ponga la financiación adecuada para que el
coste del puesto escolar sea completamente gratuito.
Pueyo Val. Secretario general
de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, FSIE, miembro del
consejo escolar del estado (6 de marzo).
Sin embargo, el representante de la
patronal privada puso en duda que tales cuotas fueran realmente voluntarias, a
lo que añadió que una parte de la enseñanza concertada responde a un modelo
meramente empresarial en pro del beneficio privado.
¿Y por qué hay modelo de negocio en la concertada?
Pues por las facilidades que se están dando en algunos casos —aprovecho aquí
para contestar también a una pregunta del señor Pérez—, cuando se cede suelo
público, sobre todo en Madrid, a un precio que es aproximadamente quince veces
inferior al IBI que cualquier centro privado está pagando y además se le
permite cobrar y además se le pagan los profesores y además se le paga el
módulo y además en ese suelo público puede hacer actividades extraescolares por
las que sí puede cobrar y por las que genera un beneficio.
Ya me contarán, cuando conocemos entramados
empresariales de colegios concertados, que se parecen a una entidad
benéfico-docente muy poquito. Eso sí está ocurriendo. Pero está ocurriendo y lo
conocemos todos.
Y, contestando a alguna de las otras preguntas, lo de
las cuotas voluntarias, y estoy en este caso, y a lo mejor en alguno más, con
el señor Mena, de voluntarias tienen lo justo.
Castellano Zapatero. Presidente de la Asociación de
Centros Privados e Independientes, CICAE (7 de junio).
A la escuela concertada se la acusa de ser
segregadora y de no matricular en la misma proporción que lo hace la pública al
alumnado inmigrante.
Uno de los elementos
principales que abundan en esa segregación es la existencia de una red privada
con fondos públicos, la red concertada. Ha creado un modelo segregador, un
modelo que necesita seleccionar el alumnado y que genera un mercado educativo
que multiplica las desigualdades
Moreno García. Miembro de la Asamblea Marea Verde (21 de febrero).
Hay otro problema en la situación del modelo
concertado y es que todos tenemos que entender que las familias para sus hijos
quieren siempre lo mejor y probablemente piensen —seguro—, yo prefiero que mi
hijo vaya a este colegio donde no hay ningún inmigrante y donde se pagan 150
euros al mes, y pagando 150 euros al mes consigo que no venga ninguno y lo
prefiero.
Castellano Zapatero. Presidente de la Asociación de
Centros Privados e Independientes, CICAE (7 de junio).
Sin embargo, desde la escuela católica se aducen datos que mostrarían
que tal cosa no es así. Pero, a continuación, se pueden ver los datos que se
aportan desde el frente de los defensores de la escuela pública.
En la pública está el
82% de los inmigrantes, pero se olvida decir que la escuela concertada solo
representa el 20% del total del sistema educativo español En los colegios
católicos a los que represento y que son mayoritarios en el sector concertado,
el 6,7% de sus alumnos son hijos de padres inmigrantes, Mientras que en la escuela pública esta
proporción es parecida, 7,1%, no se
suele destacar que el 44% de los alumnos con necesidades educativas especiales
están atendidos en centros concertados.
Alvira Duplá. Secretario General de la Federación Española de Religiosos
de la Enseñanza-titulares de centros católicos, FERE-CECA (6 de marzo).
La red pública
escolariza al 82,2 % del alumnado extranjero mientras la red concertada
únicamente escolariza al 13,1 % y, en el caso de la red privada, este porcentaje
se reduce al 4,7 % del total.
(…)
En cuanto al alumnado
extranjero, me decía el portavoz del Partido Popular que Andalucía en la
escuela pública escolariza el 84,7 %. Claro, es que la red pública en Andalucía
representa el 82 %, así que en Andalucía la escuela pública escolariza el
porcentaje de alumnado que le corresponde según su implantación en la red, poco
más o menos. Sin embargo, la media del Estado es que la escuela pública, que
tiene el 66% del total de alumnos escolarizados, escolariza a más del 82 % del
alumnado extranjero.
García Suárez- Secretario general de la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras, miembro del Consejo Escolar de Estado (21 de marzo).
Algunos intervinientes denunciaron
tanto el crecimiento de las subvenciones a la privada como la penetración de la
lógica privatizadora en la enseñanza pública.
Constatamos que el
gasto en conciertos creció un 6,5 % entre 2008 y 2014, mientras las partidas
correspondientes a la enseñanza pública se reducían un 15,2 %
(…)
La Lomce es una ley
mercantilizadora que concibe el sistema educativo como la estantería del
supermercado, donde los centros pueden definirse como quieran, artísticos,
deportivos, tecnológicos, científicos, o lo que sea. Pero ese no es el concepto
de autonomía que estaba vigente en nuestro sistema educativo, que es que el
centro se adecue al perfil del alumnado para garantizar el éxito escolar de sus
alumnos, sino que el centro define su perfil curricular y, en función de eso,
selecciona a los alumnos; cosa que nada tiene que ver con la autonomía de los
centros tal y como nosotros la entendíamos y tal y como se venía entendiendo.
García Suárez. Secretario general de la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras, miembro del Consejo Escolar de Estado (21 de marzo).
Finalmente, conviene no perder de vista
la existencia de las cooperativas de enseñanza, las cuales, de acuerdo con la
intervención (5 de abril) de Sierra Sosa, presidente de la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza (UECoE).
La UECOE, la Unión
Española de Cooperativas de Enseñanza, se constituye como único ente
representativo a nivel estatal de todas las comunidades autónomas, de todos los
centros cooperativos y centros de economía social, con la forma jurídica,
fundamentalmente, de sociedades cooperativas de enseñanza. Está constituida
legalmente desde 1989; actualmente agrupa a algo más de seiscientas
cooperativas de enseñanza y centros educativos de economía social. Entre socios
cooperativistas y personal contratado somos aproximadamente unos 27.500
trabajadores, con una facturación aproximada de 737 millones de euros,
agrupando unos 277.000 alumnos y 175.000 familias. Representamos a nivel
estatal en torno al 12% de la enseñanza concertada, con un reparto muy
heterogéneo por las distintas comunidades autónomas y en alguna siendo incluso
la organización mayoritaria
Sierra Sosa solicitó, a partir de la
singularidad del hecho de ser cooperativas, un tratamiento jurídico diferente
al del resto de los centros concertados.
(…) demandamos, en
primer lugar, un estatuto jurídico diferenciado de los otros centros sostenidos
con fondos públicos.
(…)
En este momento en
esta Cámara hay en trámite un proyecto de ley de contratos públicos,
trasposición de una directiva europea, la cual recoge un trato diferenciado a
las cooperativas que presten una serie de servicios públicos, entre ellos el
educativo. (…) …expresamos la necesidad de que desde los poderes públicos se
articule una política educativa que desarrolle en la práctica los objetivos
contenidos en ella; la preferencia real de las cooperativas de enseñanza para
acogerse al régimen de conciertos en base a su singularidad; la participación y
representación de las cooperativas de enseñanza a través de su organización
representativa, la Uecoe, en todos los ámbitos de debate e interlocución social
educativa organizados por la administración educativa.
Para concluir, parece
claro que la propuesta que en la época de los años de discusión de la LODE (en
1984) hizo el entonces ministro de Educación, José María Maravall, de convertir
en una única red de escolarización a todos los centros sostenidos con fondos
públicos (fueran estos privados o estatales) ha quedado en agua de borrajas. So
pretexto (muy seguramente fundamentado) de que los conciertos no cubren la
totalidad de los costes de escolarización, los centros subvencionados (incluso
los que son cooperativas) se ven en la tesitura de cobrar cuotas periódicas a
las familias, lo que termina por convertirlos en centros privados low-cost
que ahuyentan a las familias con menos recursos. Si a esto añadimos que la
mayoría de los centros concertados tienen un ideario católico y que, a su vez,
muchos de ellos trata de imponérselo a todo el alumnado, tenemos un conjunto de
elementos que posibilitan que estos colegios practiquen –lo quieran o no- la
segregación social. ¿Cómo se consiente esto? Aquí nos adentraríamos en la
historia de un país cuya urdimbre institucional no asegura el cumplimiento de
ciertos derechos elementales.
[1] Aquí se recogen las
intervenciones que han tenido lugar hasta el mes de junio de 2017. Los textos
de las comparecencias están disponibles en http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/IndPub. A
continuación del nombre y posición de cada compareciente, se indica la fecha de
su intervención. Tal fecha es importante por al menos dos razones. La primera
es que permite a quienes intervienen en último lugar haber tenido en cuenta las
comparecencias anteriores. La segunda es que a medida que vamos avanzando en el
tiempo, los intervinientes hablan sobre temas específicos (como por ejemplo
alguna asignatura o la convivencia en los centros).
