La escuela concertada y los privilegios de los ya privilegiados

La escuela concertada y los privilegios de los ya privilegiados

      Vaya por delante que no toda la escuela concertada es elitista y que una parte significativa de ella responde mucho mejor que la mayoría de los centros públicos a las exigencias de una escolarización socialmente equitativa y de calidad.

           Resulta llamativo como algunos colegios concertados (y no se olvide que concertado significa que los tramos que constituyen la educación obligatoria -es decir, la primaria y la ESO- son tan gratuitos como en la pública) recurren a muy diferentes estratagemas para que en ellos se escolaricen los grupos sociales más acomodados.

            Dado que la educación infantil no está concertada, es fácilmente comprensible que solo escolaricen a sus hijos en esta etapa en el centro escolar de su preferencia aquellas familias que dispongan de los recursos económicos suficientes –lo que incluye ayudas públicas- para afrontar el pago de las cuotas mensuales. Sin embargo, resulta más difícil explicar por qué sucede básicamente lo mismo en las etapas obligatorias.

            La mayoría de los centros concertados son colegios de ideario católico y esto es algo que estas escuelas suelen resaltar en sus jornadas de puertas abiertas. Incluso algunos explicitan que el alumnado reza al comienzo de la jornada lectiva. No creo que sea aceptable que con el dinero de todos los españoles se esté financiando una opción particularista. Si hay que rezar, es difícil que se matriculen en el centro quienes profesan otras religiones o ninguna o quienes simplemente consideran que la escuela no es el lugar adecuado para evangelizar a la población. Con esto no quiero negar el ideario o carácter propio del centro y ni siquiera que quien lo desee rece. El problema es que se está omitiendo que no es preciso ser católico para matricularse en un centro que profese esta religión. En su famosa sentencia del 13 de febrero de 1981 relativa al Estatuto de Centros Escolares (disponible en http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/5), el Tribunal Constitucional estableció que la “libertad del profesor no le faculta por tanto para dirigir ataques abiertos o solapados contra ese ideario, sino sólo para desarrollar su actividad en los términos que juzgue más adecuados y que, con arreglo a un criterio serio y objetivo, no resulten contrarios a aquél”. Y, en lo que se refiere a la relación de los padres con respecto al ideario, el alto tribunal establece que  “al haber elegido libremente para sus hijos un centro con un ideario determinado están obligados a no pretender que el mismo siga orientaciones o lleve a cabo actividades contradictorias con tal ideario, aunque sí puedan pretender legítimamente que se adopten decisiones que, como antes se indicaba respecto de la libertad de enseñanza que la Ley otorga a los profesores de este género de centros, no puedan juzgarse, con arreglo a un criterio serio y objetivo, contrarias al ideario”. En todo caso, los centros concertados, con independencia de su ideario, tienen la obligación de ofrecer una asignatura alternativa a la de Religión. Es más, hay centros católicos que se declaran explícitamente ecuménicos. Sin embargo, lo habitual es omitir cualquier referencia a que, en realidad, todo centro católico concertado es ecuménico, lo quiera o no. De no serlo, simplemente no debería ser concertado.

Pero, con independencia de la filiación religiosa de cada cual, el elemento que convierte a algunos centros en clasista es el cobro de cuotas mensuales –normalmente en torno a 100€ al mes, aunque algunos cobran mucho más- abonadas a una fundación vinculada al colegio –y de las cuales, hasta ahora, las familias se podían desgravar en la declaración de la Renta-. Seguramente sea cierto que estas cuotas son imprescindibles para que los centros puedan funcionar, ya que la cantidad que les transfiere el estado –en forma de concierto- no cubre los costos de la escolarización. Si esto es así, el estado –pese a que esto escueza a cierta izquierda- debería aumentar el monto de tal concierto. Esto dejaría sin excusa a los centros concertados para el cobro de las cuotas y permitiría la escolarización en ellos de los grupos sociales menos aventajados.

Pero hay más vías para disuadir de acceder a quien no tenga suficiente capacidad adquisitiva. Basta simplemente con convertir determinadas actividades en curriculares. Un ejemplo muy conocido es el de la natación curricular, la cual consiste en que una o varias de las horas semanales de Educación Física tienen lugar en la piscina del centro y para ello cada familia ha de abonar una cantidad mensual.

Se podrían añadir las actividades extraescolares –tanto las que tienen lugar en el horario de comedor como las que se realizan una vez ha terminado la jornada escolar-, pero al fin y al cabo estas son voluntarias. Es cierto que quizás una familia con pocos recursos podría considerarse preterida si sus hijos son los únicos que no pueden disfrutar de tales actividades. En todo caso, esto no debería ser muy preocupante, pues es habitual que los centros católicos manifiesten su clara vocación de ayudar a los más necesitados y aquí podrían encontrar un terreno abonado para la práctica de tan noble actividad.

Nada tengo que objetar a la existencia de la educación concertada. Es cierto que cuando, en 1985, la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) arbitró el sistema de conciertos, el estado estaba reconociendo la necesidad de incorporar a los centros privados en la oferta escolar. Por otra parte, y dada la homogeneidad burocrático-funcionarial de tantos centros públicos, la concertada puede ser una opción más que deseable. Sin embargo, lo que no resulta admisible es que, en términos agregados, la escuela concertada se haya convertido en una suerte de escuela privada low cost para determinados sectores sociales.