¿Se debe legislar sobre la pedagogía?

¿Se debe legislar sobre la pedagogía?

                En varias ocasiones me he encontrado en debates en los que alguno de los participantes niega que se deba legislar sobre la pedagogía. Es el caso, por ejemplo, de alguien tan ponderado y sensato como Alejandro Tiana, quien fuera durante años Secretario de Estado de Educación. Seguramente, todos cuantos deseamos una educación radicalmente distinta a la actual, en la que realmente la gente aprenda, creemos que la manera de enseñar en las aulas no debería estar hegemonizada por la palabra del profesor y/o el libro de texto (eso que Freire llamaba la pedagogía bancaria). Hace tres años, un equipo de la OCDE que realizó una visita a varios centros escolares de las islas Canarias quedó sorprendido por el predominio de la enseñanza frontal. Esto es lo que se dice en la página 70 de su informe:

El equipo de la OCDE también ha podido saber que el estilo de enseñanza de muchos profesores de secundaria sigue siendo el de ponerse de pie frente al resto de la clase y transmitir el contenido de la materia a los alumnos, sin pararse a comprobar si los alumnos entienden lo que se les está explicando o si saben cómo aplicarlo. De hecho, se pudo constatar que muchos profesores sólo exigen a sus alumnos que memoricen los contenidos de una asignatura para poder aprobar los exámenes. Este estilo de enseñanza no conlleva la obtención de buenos resultados en el informe PISA ni en la educación en general.

                Estoy de acuerdo en que no se debe legislar sobre la pedagogía, si por tal se entiende indicar el modo en que debe enseñar el profesor, si tal o cual lección se debe explicar de un modo u otro. Sin embargo, se convendrá conmigo en que dejar las cosas como están o introducir ciertos cambios conducen a diferentes tipos de pedagogía. Quizás lo que más explique por qué en secundaria prepondera la enseñanza magistral es que nuestros profesores de medias son especialistas en su materia (Matemáticas, Lengua, etc.) más que profesionales que sepan cuál sea la mejor manera de explicar, qué es un centro escolar como organización, cómo aprenden los adolescentes y un largo etcétera que haría esta lista interminable. Recuerdo que, en mi condición de supervisor de un estudiante del máster de Formación del Profesorado de Secundaria, visité la clase de un instituto de secundaria en la que este alumno hizo las prácticas. Estas fueron un éxito, hasta el punto de que la mayoría de los alumnos estaba compungida por su partida. Hablé con el profesor titular y me comentó que él explicaba del modo en que lo hacía porque su referencia eran las clases del historiador franquista Ricardo de la Cierva en la universidad. Este el problema. En ausencia de otros modelos, el profesorado tiende a imitar lo que ha conocido en su vida de estudiante porque a él le ha dado buen resultado.

                Lo mismo cabría decir con la introducción de las reválidas (o pruebas externas estandarizadas) al finalizar los dos niveles de secundaria. Ya sabemos los efectos perversos que sobre la docencia de segundo de bachiller ejerce la Prueba de Acceso a la Universidad). Con las reválidas vamos a caer en el teaching to the test (enseñar para el examen) también en el último curso de la ESO (como probablemente ocurra durante varios meses en sexto de primaria y tercero de la ESO con las pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables).

                Por tanto, no se debe legislar sobre la pedagogía, pero se deben crear las condiciones para que el profesorado enseñe a sus alumnos cosas como razonar, escribir creativamente, defender un argumento, exponer en público de un modo inteligible (tanto en castellano –y, en su caso, la lengua cooficial- como en inglés), manejar fuentes de información diversas.

                Si los consejos escolares hubieran sido algo más que un órgano colegiado burocrático y de vida mortecina en manos del profesorado, seguramente se podría haber introducido el aire fresco de la sociedad civil (especialmente el de los padres y el de los alumnos) en la vida de nuestros centros escolares. En definitiva, esto es lo que se proponía allá por el año 1984 la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y por eso concitó el rechazo unánime de la clericalla.