¿Podrían ser las cooperativas la verdadera escuela pública?
De
entre las decenas de comparecencias que, con motivo del pacto educativo, están
teniendo lugar en la subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados,
dos han corrido a cargo de representantes de cooperativas de enseñanza. La
primera fue la de Sierra Sosa (presidente de la Unión Española de Cooperativas
de Enseñanza, UECOE) y la segunda la del Presidente del Grupo San Diego, De la
Higuera Pérez.[1]
De
acuerdo con los datos aportados por Sierra Sosa, el 12% de la concertada está
constituida por cooperativas. Este sector escolariza a 277000 alumnos y da
empleo a 27500 trabajadores (el 68% de los cuales son cooperativistas). No es
tanto la extensión del sector de cooperativas lo que me interesa destacar como
su vocación genuina de servicio público, hasta el extremo de que me pregunto si
no debiera ser este el modelo de escuela pública al que deberíamos aspirar
quienes pretendemos una educación democrática, inclusiva e innovadora.
Sierra
Sosa citó el artículo 129.2 de la Constitución, el cual dice lo siguiente: “Los
poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en
la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.
También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a
la propiedad de los medios de producción”. Mi impresión es que esta propuesta
progresista de nuestra Constitución ha quedado atrapada entre el estatalismo de
buena parte de la izquierda y la cerril defensa de la supuesta eficiencia de la
propiedad privada de los medios de producción por parte de la derecha.
Ambos
intervinientes deslizaron varias observaciones críticas con respecto al
funcionamiento de la escuela pública –aunque creo que sería mejor llamarla
estatal- que ponen de manifiesto serias carencias de esta red de
escolarización. Sierra Sosa señaló la enorme dificultad que tienen los centros
estatales para conformar una plantilla estable, base de un proyecto educativo
digno de tal nombre.
No aspiré a ser funcionario porque uno de las grandes
ventajas (…) es la estabilidad de la plantilla. Uno de los problemas de la
escuela pública —y no vengo a hablar de la escuela pública— es la
funcionarización del profesorado. Un colegio maravilloso que yo elijo para mi
hijo de tres años, posiblemente antes de que termine la escolarización puede
haber cambiado el 40 o el 50% de la plantilla por el derecho al concurso de
traslado que tiene cualquier funcionario.
Más
incisivas, a este respecto, fueron las observaciones de De la Higuera, quien
criticó el abandono por parte del profesorado de la red estatal de su labor
educativa en el horario de comedor escolar.
En la actualidad tenemos 15000 alumnos y damos 10000
comidas diarias. No lo digo con un planteamiento prosaico, sino que digo
simplemente que esas 10000 comidas están atendidas por profesionales de la
educación que utilizan el ámbito del comedor como un pretexto más para educar,
porque hablamos de problemas de la alimentación que van asociados a
enfermedades que surgen con el paso de los años.
Educar en el ámbito del comedor es una tarea
importante de la cual no hemos huido como docentes, lo cual confiere una mayor
carga de trabajo pero también implica dejar el destino y la propia actividad en
la cooperativa en manos de los socios.
Pero
aquí no acaba la cosa. De la Higuera entró en el controvertido tema de la
jornada continua y el modo en que esta es, igualmente, un botón de muestra de
cierta dejación de funciones por parte de la escuela estatal.
Nos estamos replegando desde el punto de vista
educativo y establecemos la jornada continua, que acaba a las dos de la tarde,
con el pretexto pedagógico, climatológico o de cualquier tipo, y está claro que
no estamos respondiendo a las expectativas que nos está demandando esa
sociedad, y lo digo con mucho respeto, pero también lo digo con vehemencia. Es
importante que estemos ahí para solucionar los problemas.
(…)
Cuando veo la participación de los padres en determinados
centros -pongamos un 5 %- y la jornada lectiva se reduce, evitando espacios de
socialización en el centro, como ocurre en muchas comunidades autónomas -Andalucía,
Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia-, y se vende a esos padres, a ese 5%,
que luego se hacen transmisores de esas «bondades», entre comillas, pedagógicas
al resto de padres, que es una auténtica maravilla que el niño a las dos de la
tarde esté en casa, acabo por no entender nada.
Y,
cómo no, estos centros comparten con el resto de la concertada el problema de
la insuficiente financiación con fondos públicos de los conciertos educativos.
No
está claro qué puede llevar a tantas familias a optar por la concertada en
general, y por las cooperativas en particular, pero lo que se señala desde
estas últimas tiene que ser tomado en consideración. En tanto que defensores de
la enseñanza pública deberíamos preguntarnos por qué lo habitual es que haya
muchas más solicitudes de matriculación en los colegios concertados que en los
centros estatales. A esto, precisamente, hacía referencia la profesora Elena
Martín en esta misma subcomisión.
(…)…les diré que yo vivo en Tres Cantos —no sé si
conocen la localidad—, donde durante mucho tiempo no hubo concertada, solo
había privada, nueve colegios públicos y tres institutos públicos que barrían
en la selectividad, en la PAU. Todos los años les felicitábamos desde la
Autónoma. ¿Por qué? Porque Tres Cantos tiene nivel sociocultural de licenciado.
Yo lo conozco bien. Se abrió el primer centro concertado, y ese día había 700
personas en lista de espera. Expliquémonos ese dato, porque eso es lo que hay
que explicar. Lo que hay que explicar es la sensación de control que hay en un
centro, la sensación de que aquí cuidan, porque desde luego el rendimiento no
sale, no sale mejor en las pruebas de rendimiento.
En
una coyuntura como la actual, la defensa de la escuela pública no puede
quedarse en la queja por los recortes y en la vuelta a la situación previa al
“zapaterazo” de mayo de 2010. La discusión sobre el pacto educativo debería ser
una ocasión de oro para transformar radicalmente la escuela en general y la
escuela pública en particular.
[1] Los textos de las
comparecencias están disponibles en http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones/IndPub
En concreto, la de Sierra Sosa
en http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-193.PDF
La de De la Higuera en
La de Elena Martín en
Los portavoces utilizaron los puntos fuertes de sus respectivos modelos. Creo que tu planteas en esta entrada un debate complejo que no se puede simplificar. No cabe duda que hay que buscar fórmulas en las que se garantice el derecho de los alumnos a un equipo de profesorado bastante estable. Por tanto los sindicatos tendremos que abordar ese tema en los concursos buscando una fórmula por difícil que parezca. En Madrid hay colegios privados bajo la forma de cooperativas que cumplen las requisitos de escuela pública. La Ciudad de los Muchachos de Leganés es un ejemplo que tengo cerca. Pero lo que planteas es complejo. Sé que no apuntas hacia la linea que apuntaron en a final de los 80 cooperativas de Cataluña y País Vasco. (Los funcionarios Una disposición transitoria
ResponderEliminarde la logse permitió al profesorado de las escuelas cooperativas de Cataluña por la escuela pública, que se
incorporaron a la red pública mediante una ley del Parlamento
catalán, acceder a sus propias plazas. Una excepción similar
se permitió a las ikastolas que quisieron integrarse. Pero no se
consiguió en Madrid o en otras ciudades donde pudiera haberlo intentado). Tu comentario va más allá y supone un reto para los ppróximos años.