Enseñanza desconcertada

Enseñanza desconcertada

Con motivo de la llegada de la izquierda a los gobiernos de ciertas regiones, como puedan ser Aragón o la Comunidad Valenciana, se ha planteado la cuestión de hasta dónde puede llegar la subvención pública a los centros escolares privados. Hace unas pocas semanas, y como réplica a la política educativa de estos gobiernos,  el Grupo Parlamentario Popular presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa –calificada por algunos de cruzada: la exageración no conoce límites-  instando al gobierno de la nación a proteger los conciertos con la enseñanza privada.

Se trata de un tema peliagudo porque entra de lleno en la problemática de si se está  atendiendo o no a la demanda real de padres y madres al crear –o, en su caso, cerrar- centros públicos o concertados. Para buena parte de la izquierda, la mayoría de los centros concertados satisfacen la demanda de familias que, en realidad, no buscan tanto la calidad de la enseñanza como la de sus usuarios: ”gente bien” que puede permitirse el pago de unas cuotas periódicas de en torno a los cien euros mensuales que, de modo supuestamente voluntario, habrían de abonar a los centros. La existencia de estas cuotas –junto con un cierto tipo de ideario católico excluyente en algunos de estos colegios- se convierte en la clave de bóveda de la segregación social de la que se acusa a la enseñanza concertada. Por otra parte, conviene no perder de vista que mientras que la enseñanza pública existe a lo largo de toda la geografía nacional, la concertada –con alguna que otra excepción- florece en las regiones, provincias y barrios más ricos de España.

En mi opinión, quizás mucho antes de plantearse retirar conciertos habría que eliminar radicalmente las cuotas supuestamente voluntarias. De acuerdo con la totalidad de la enseñanza concertada –desde la más reaccionaria a la más progresista- la subvención que otorga la Administración no cubre, ni de lejos, los costes de la educación que suministra. De ser esto cierto, y mucho me temo que lo es, no quedaría más remedio que incrementar la cuantía de los conciertos (lo que obligaría a desprenderse de ciertos dogmatismos izquierdistas). De este modo, las cuotas dejarían de ser un obstáculo para la inclusión social. Aun así, algunos centros concertados hacen lo indecible para evitar al alumnado de menor estatus socioeconómico (que suele contar con becas de comedor) valiéndose, por ejemplo, de la engañifa de aducir que carecen de refectorio. Obviamente, tal carencia es suicida para cualquier centro. Lo que se hace es recurrir a la estratagema de tener el comedor fuera del recinto del colegio de modo que quien quiera comer ha de pagárselo de su bolsillo. Este tipo de picaresca sería fácil de combatir siempre y cuando hubiera voluntad política de hacerlo.

Sin embargo, habría que ir aún más lejos. Nuestra Constitución ampara el derecho de todo ciudadano a omitir cualquier dato relativo a su ideología o religión. Que haya centros católicos que inquieran a los padres sobre sus creencias y/o que exijan a todo su alumnado asistir a misa es una negación del estado de derecho (justamente de eso que algunos, despectivamente, llaman el “régimen del 78”).

Si el acceso a los centros concertados no estuviera condicionado ni por el nivel de renta ni por la ideología, tendríamos que ver qué hacer si, como parece previsible, los centros concertados siguieran contando con una mayor demanda que los centros públicos. Ciertos sectores izquierdistas animan a la gente a escolarizar acríticamente a sus retoños en la pública. Sin embargo, la pública no existe. Lo que hay son centros públicos, los cuales son –bien es sabido- de muy diferente calidad. El mensaje que desde la izquierda se debería lanzar a la gente es el de que conviene analizar –individual o colectivamente- cómo es el centro público que hay cerca de su hogar (o de su trabajo). Por desgracia, los centros escolares –tanto los públicos como los privados- son poco menos que cajas negras cuyo funcionamiento solo se puede empezar a conocer una vez que los hijos están escolarizados en ellos. Bastaría para comprobarlo con hacer una ronda por varios centros y preguntar por el proyecto educativo o por cómo hacen para entusiasmar a los chavales con el conocimiento escolar o cualquier otra “impertinencia” que se le ocurra al usuario de este servicio, no se olvide, público. Recientemente, El Periódico saludaba la creación de siete nuevos centros públicos en Barcelona y achacaba su éxito a la intensa innovación pedagógica que se está llevando a cabo en esta ciudad de la mano de experiencias como Xarxes por el Canvi.

A partir de aquí, existirían tantos centros públicos y concertados como la gente libremente decidiera. Como ya explicó Maravall, quien en los años ochenta fuera el ministro de Educación bajo cuyo mandato se crearon los conciertos, centros públicos y concertados forman parte –o, mejor dicho, deberían formar parte- de una doble red de oferta escolar capaz de satisfacer el derecho a una enseñanza gratuita.

Nada de esto es óbice para que aquellos centros concertados que lo desearan pudiesen pasar a la red pública –habría que ver cómo resolver el posible carácter funcionarial de los recién llegados a la escuela estatal-. Y quizás también podría darse el movimiento en sentido contrario: de lo estatal a lo privado –al estilo de algunas charter schools en los Estados Unidos muy queridas por quienes defendemos el cambio educativo radical-.

Sobre el papel, los centros concertados son más democráticos que los públicos (y este fue el principal motivo de la desmesurada oposición de la derecha a la LODE). Si bien es cierto que el director de centro de los primeros se elige de entre una terna propuesta por la entidad titular, los profesores son contratados y, no se olvide, despedidos por una comisión del Consejo Escolar. ¿Se imagina alguien esto en la pública? Simplemente la posibilidad de que el director –que hasta ahora era nombrado por el Consejo Escolar de Centro, eso sí en los cada vez menos frecuentes casos en que hubiera habido un candidato a tal puesto- pueda seleccionar a los interinos o a quienes estén en comisión de servicio ha puesto los pelos de punta a todos los sindicatos sin excepción y, visto lo visto en la Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados, a Podemos. Justamente este es uno de los graves problemas de la pública: la práctica imposibilidad de formar equipos docentes. En este aspecto, la actitud retardataria de los sindicatos es un obstáculo difícilmente superable.

En definitiva, si queremos que disminuya el número de centros concertados, mucho tendría que mejorar la enseñanza pública –estatal, más bien-. Las experiencias que tan magistralmente describe Martínez-Celorrio deberían ser el ejemplo a seguir.