¿Deben ser los profesores funcionarios públicos?

¿Deben ser los profesores funcionarios públicos?

El pasado 18 de Agosto el New York Times publicaba una interesante reflexión sobre los problemas que plantea el carácter fijo del contrato laboral del profesorado. El artículo parte de la preocupación expresada por un maestro entusiasta (hijo y nieto, a su vez, de maestros) ante el hecho de que el profesorado tenga garantizado de por vida su puesto de trabajo, lo que en los Estados Unidos se llama la tenure. La tenure, de acuerdo con este profesor, desincentiva la innovación y promueve esta típica actitud antipedagógica consistente en decir: yo lo enseñé y no es mi culpa que el alumno no aprenda. ¿Cuántos de nuestros estudiantes han transitado por una primaria plagada de actitudes de este tipo que les ha conducido al abandono temprano en una secundaria en la que también preponderan tales actitudes? De hecho, una sentencia de un juez de California considera que la tenure es una violación de los derechos de los niños ya que no les asegura un buen profesor. En Colorado se abolió la tenure y todo profesor que quiera tener un empleo fijo –lo que implica no someterse a pruebas periódicas- ha de demostrar que sus estudiantes han mejorado en tres años consecutivos. En el caso de que durante dos años consecutivos sus estudiantes no hayan mejorado, pierde la protección de su empleo.

                Conviene no asustarse por una cuestión como esta: no se trata de reducir empleos. En países mucho más igualitarios y con una proporción mucho más alta de empleo público que el nuestro –como sería el caso de Suecia- prácticamente no hay funcionarios (lo que sí hay son empleados públicos). ¿Hasta qué punto la condición funcionarial del profesorado –desde infantil a la universidad- puede haberse convertido en una patente de corso contra la ciudadanía?

               

Es sabido que uno de los grandes problemas de la enseñanza pública es la enorme dificultad que experimentan los centros estatales para configurar equipos docentes sólidos (sin duda, la clave para que un centro funcione bien). Esto se traduce en una disparatada concepción de la libertad de cátedra según la cual el profesor se  coordina con sus compañeros si así lo desea. De hecho, no es infrecuente que llegue a un centro que trabaja sin libros de texto alguien incapaz de funcionar sin ellos. Los derechos funcionariales permiten que cada dos años el profesorado pueda cambiar de centro siempre y cuando cuente con los puntos suficientes (los cuales básicamente dependen de la antigüedad y del desempeño de puestos de gestión) lo que explica que muchos colegios e institutos situados en lugares socialmente privilegiados sean “cementerios de elefantes”. Cuando se ha planteado la posibilidad de que el centro pueda seleccionar a su profesorado, desde el corporativismo docente –del que hacen gala todos y cada uno de los sindicatos- se ha puesto el grito en el cielo. Conviene no perder de vista que los pocos centros públicos innovadores y democráticos que tenemos en este país seleccionan –o, al menos, lo intentan denodadamente- a su profesorado de un modo u otro (para lo que suelen depender del subterfugio de  que la administración de turno conceda plazas en comisión de servicio).

En esto, sin ningún género de dudas, la enseñanza privada (concertada o no) está en una clara situación favorable. Muy posiblemente donde más se note esta ventaja sea en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El encaje de este nivel en nuestro sistema educativo dista de estar resuelto. De hecho, en realidad, el problema fundamental es que en la pública no disponemos de profesores de secundaria obligatoria. En la red estatal, la ESO se imparte en los Institutos de Educación Secundaria (IES), los cuales son centros en los que la mayor parte de sus docentes lo que desea es ser profesor de Bachillerato –nivel en el que supuestamente podría desplegar su sabiduría de especialista-. Lo mismo sucede, por cierto,  en la universidad: ¿qué porcentaje de catedráticos da clases en los primeros cursos?

Dado que, a diferencia de lo que ocurre en la privada, los IES escolarizan todo tipo de gentes (desde los hijos de profesionales universitarios a los retoños de gente sin formación intelectual), lo que suelen hacer es crear itinerarios que separen a los “buenos” de los “malos” alumnos. Si el IES cuenta con una sección de idioma extranjero (sobre este tema se puede ver aquí una interesante reflexión), la tarea es muy fácil: los “buenos” van a los grupos de tal sección y el resto es condenado a transitar por aulas cuyo elevado porcentaje de suspensos es una prueba empírica de la profecía que se cumple a sí misma. Si no hay sección, es suficiente con poner en los grupos D o E de primero de la ESO a los que precisen refuerzo de Matemáticas o de Lengua. Rara vez la privada cuenta con este problema, ya que tiende a escolarizar al alumnado de mayor nivel socioeconómico y educativo, por lo que sus itinerarios pueden consistir en la invitación al “mal” alumno a que busque un centro –normalmente público- que case con su pésimo desempeño. En todo caso, conviene tener presente que hay centros privados que, gracias justamente a esta posibilidad de configurar sus plantillas, pueden practicar una enseñanza claramente inclusiva (este sería el caso, por ejemplo, del colegio Brot-Madrid o de los centros de la Fundación Hogar del Empleado).

¿Qué tiene esto que ver con la tenure? El profesor funcionario con cierta antigüedad no transitará (o apenas lo hará) por los cursos de la ESO –y nadie puede obligarle a ello- y la inmensa mayoría de los que han de bregar con este nivel se limitarán a explicar pese a que su alumnado no lo siga.

La enseñanza privada puede seleccionar a su profesorado pensando en la necesidad de que en sus centros haya docentes de secundaria obligatoria. De hecho, mi impresión es que, al menos en estos momentos, resulta temerario escolarizar en la pública a alumnos de primero de la ESO cuyo rendimiento esté por debajo de la media. En la pública pesará sobre ellos la condena de ser escolarizado en los grupos de menor rendimiento.

               

                Quizás en esto, la derecha esté alcanzando una hegemonía ideológica que la izquierda –me da igual que sea la tradicional o la más rompedora de Podemos- es incapaz de entender. Uno de los rasgos de nuestra transición y de la actual democracia es que España es un país que, con mayor frecuencia de la deseable, se ha preocupado más por el bienestar de sus servidores públicos –los datos comparativos sobre los salarios del profesorado español así lo atestiguan- que por el suministro de un servicio público de calidad. La derecha lo tiene muy claro: el servicio educativo es público, pero no tiene que ser proporcionado ni por funcionarios ni por empleados públicos. En la medida en que la ciudadanía perciba que en los centros privados pueda haber más organización que en los públicos, el camino hacia el crecimiento de la privada quedará aún más expedito de como lo está ahora.

                Mi propuesta sería, no tanto suprimir la condición funcionarial –aunque es algo que no descartaría- como modificar sustancialmente la cultura profesional del funcionariado docente. No es de recibo que los centros escolares sean verdaderos reinos de taifas. De seguir así, más que libertad de elección de centro habría que promover libertad de elección –o de rechazo- de profesor por parte de padres y/o alumnos. Y, cuestión absolutamente fundamental, deberíamos abrir el debate sobre qué hacer con los malos profesores y cómo reconocer a los que tienen un desempeño excelente.